Trabajo social, multa y cárcel para padres por mala conducta de hijos
Se trata de un proyecto de ley que se está analizando en la Legislatura y que tiene que ver con la paternidad responsable.
Ampliar Foto
Esta semana las madres de la escuela López de Gomara plantearon su preocupación por un niño que llevó gas lacrimógeno. (Claudio GuTIERREZ)
En la última década, la escuela mendocina fue sacando resoluciones a medida que se acentuaban los hechos de violencia en sus aulas. El tema de cómo actuar frente a los llamados ‘chicos problema’ sin excluirlos del sistema, dominó el debate.
Desde hace cuatro años, las normas de convivencia elaboradas por cada colegio se erigieron como la solución. Sin embargo, no dieron el resultado esperado y hoy se trabaja en una Ley provincial de Convivencia Escolar, que definiría las sanciones para alumnos y -la novedad- también para padres.
De sancionarse -hoy está en la comisión de Labor Parlamentaria- Mendoza sería la tercera provincia del país en tener una norma específica para regular el clima escolar. Ya poseen las propias Río Negro y Buenos Aires.
“En realidad, se trata de dos leyes que necesitamos que salgan juntas: la de Convivencia y la de Paternidad Responsable. Sucede que cada vez vemos más casos de abandono en las escuelas. Hay tratamientos terapéuticos que no podemos continuar por la falta de responsabilidad de los papás”, apuntó la directora de Orientación y Apoyo Psicopedagógico y comunitario de la DGE (Doapc), María Eugenia Carbonari.
Ambos proyectos legislativos buscan, en primer lugar, proteger el derecho a estudiar de los niños. Por eso, uno de ellos considera que en el caso de que un chico no esté yendo a la escuela en los niveles obligatorios (hasta la Secundaria, según la nueva Ley de Educación Nacional), se sancionará a los padres, quienes deberán realizar tareas comunitarias como pena.
“Si la pobreza es la causante de las inasistencias, entonces deberá ser el Estado el que se haga cargo”, explicó el diputado Ricardo Puga, autor del proyecto que está promoviendo el gobierno escolar.
Deberes y obligaciones
El texto también alude a los deberes del padre o tutor respecto de los hechos ilícitos realizados por sus hijos, donde se incluyen agresiones y deterioros voluntarios de los bienes materiales de las escuelas públicas. “El juez ponderará la falta cometida y evaluará la cuantía de la pena a aplicar. En caso de reincidencia del menor, la pena para el adulto responsable será de arresto, multa y/o pérdida de beneficios económico-sociales”, apunta el texto.
De aprobarse estas normas, los padres también tendrán otras obligaciones, como la de acudir al colegio cuando sean convocados o de informar a la escuela sobre cualquier situación especial que estuviera atravesando su hijo y que mereciera un tratamiento particular.
Uno de los puntos que siempre resultó polémico es el de las acciones a tomar ante un hecho de violencia. En cuanto a los alumnos que hubieran cometido faltas graves -como portar armas, drogas o protagonizar hechos violentos- el proyecto de ley plantea “cambios de escenarios”.
Carbonari explicó que lo más positivo es rotar al alumno por distintas situaciones hasta ver cuál resulta más beneficioso: cambio de turno, de curso y hasta de escuela.
También avalan la separación preventiva del alumno, hasta tanto se le asigne un tratamiento.
En ese caso, la propuesta es que realice tareas sociales dentro del establecimiento, como por ejemplo, trabajar en la biblioteca.
“El chico ya ha quedado estigmatizado por sus pares, por eso es positivo este traslado”, manifestó Fanny Llobel, la senadora que está llevando adelante el proyecto. El bosquejo inicial fue una propuesta de Miriam Gallardo, quien adecuó la ley que rige en Buenos Aires. Ahora, Llobel tomó la posta y lo está trabajando con la Doapc. “Las líneas generales ya están listas.
Ahora vamos a someterlo a una ronda de consulta con los directores de las escuelas”, explicó la senadora.
La norma también propone medidas en lo preventivo. Crea la figura de un mediador especializado en cada colegio: pueden ser los profesionales que se desempeñan en los gabinetes psicopedagógicos. Esta especie de ‘tutores’ tienen como función el diagnóstico y la prevención de situaciones de violencia, así como el seguimiento de los casos conflictivos. Gisela Manoni - gmanoni@losandes.com.ar
TOMADO DE: DIARIO LOS ANDES
Y EN MEXICO DEBERIAN LOS LEGISLADORES Y EL EJECUTIVO TOMAR ALGUNAS MEDIDAS...AL MENOS ES MI OPINION.
R. KANTU
No hay comentarios:
Publicar un comentario